El Senado nacional completó el proceso para designar a Pablo Roberto Toledo y Ángel Roger Luna Roldán como vocales del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Esta decisión, ahora a la espera de la firma presidencial, busca paliar la crónica precariedad que arrastra el fuero. Sin embargo, la celeridad en estas designaciones contrasta con la persistente inacción en otras áreas judiciales críticas.
La confirmación de Luna Roldán, a pesar de los planteos de supuesta incompatibilidad por el cargo de su esposa en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, expone la endogamia del sistema. Si bien la Cámara Alta desestimó las objeciones, estas situaciones alimentan suspicacias sobre las redes de poder y las influencias que permean el ámbito judicial, más allá de la legalidad formal.
La prolongada falta de jueces titulares en el Tribunal Oral Federal de Tucumán ha ralentizado causas sensibles. La llegada de estos magistrados podría reactivar expedientes cruciales sobre narcotráfico, trata de personas y delitos de lesa humanidad. La justicia demorada es, para muchas víctimas y la sociedad, una justicia negada, perpetuando círculos de impunidad.
Paradójicamente, mientras se cubren vocalías en el Tribunal Oral, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán sigue acéfalo. Este juzgado es fundamental para la supervisión de procesos electorales y la normalización institucional. A pesar de contar con una terna de candidatos firme desde hace meses, el Poder Ejecutivo mantiene la decisión en un llamativo suspenso.
Esta dilación genera un vacío preocupante en la supervisión de procesos comiciales y agrupaciones políticas en la provincia, un punto neurálgico para la democracia. La situación del Juzgado N° 1 no es un caso aislado, ya que el mapa de la justicia federal tucumana revela una profunda crisis estructural. Vacantes en el Juzgado N° 2, fiscalías funcionando con subrogantes y la tercera vocalía del Tribunal Oral sin cubrir, son claros signos de un sistema que opera con importantes déficits, comprometiendo la independencia y eficacia judicial.