“Excelente oportunidad de inversión: Comprar hoy es asegurar rentabilidad mañana”. Esta promesa, que circula en redes sociales ofreciendo lotes en El Cadillal, esconde una trama mucho más compleja que la simple transacción inmobiliaria. Detrás de los seductores anuncios, se dibuja un paisaje de especulación sobre tierras fiscales y zonas protegidas, un desafío para el patrimonio colectivo de Tucumán.
Tres parcelas en la “Ampliación Villa del Parque” se promocionan como una joya para invertir o construir. Sin embargo, su ubicación, cercana al dique y a zonas de alto valor ambiental y arqueológico, debería estar bajo estricta protección, no en el circuito de compra-venta informal que beneficia a unos pocos.
El supuesto vendedor, un policía en actividad, admite que no hay escrituras. Se ofrece un “boleto de compraventa con cesión de posesión”, una figura que elude la legalidad plena y alimenta la precarización dominial. Los precios, notablemente inferiores a los de mercado, son un claro indicador de la irregularidad que permea estas transacciones.
Mientras tanto, la Fiscalía de Estado investiga estos anuncios, advirtiendo sobre organizaciones que promueven loteos clandestinos. La “decisión política de terminar con la impunidad” choca con una realidad donde la ocupación irregular de tierras fiscales lleva años, consolidando de facto una geografía de privilegios e impunidad.
El Plan de Regularización Dominial, lanzado en su momento, buscaba ordenar este caos. Pero su estricto cumplimiento dejó a la mayoría de los ocupantes fuera, evidenciando la dificultad del Estado para recuperar el control efectivo sobre su propio patrimonio o para crear un marco justo e inclusivo para todos los actores.
La falta de servicios básicos como el agua en estos lotes clandestinos revela la precariedad de una “inversión” que elude toda normativa y planificación. ¿Quién se beneficia realmente de este esquema? ¿Son solo “oportunistas” individuales o hay redes más profundas que habilitan y lucran con esta situación, desdibujando las fronteras entre lo legal y lo ilícito?
La acusación del vendedor de que “todos” lo hacen, incluyendo “políticos y funcionarios que tienen casa en este lugar”, no es menor. Pone en jaque la credibilidad de las instituciones y sugiere una complicidad o inacción que abona al despojo silencioso del patrimonio natural y fiscal de Tucumán. Es hora de que la mirada crítica no se detenga en los eslabones más visibles, sino que desentrañe las relaciones de poder que permiten este constante avance sobre lo público, en detrimento del bien común y la sostenibilidad de la provincia.