El reciente destape del concejal capitalino Leandro Argañaraz (UCR), revelando un salario mensual de $2.5 millones, no solo reabre el debate sobre las remuneraciones públicas en Tucumán, sino que ilumina la persistente sombra de la opacidad en una provincia con profundas desigualdades sociales y económicas. Esta cifra, que Argañaraz justifica “en línea con el trabajo”, contrasta brutalmente con los ingresos de la mayoría de los tucumanos.
Más allá de la transparencia individual, el verdadero problema radica en la ausencia de mecanismos sistémicos. La falta de una ley provincial de acceso a la información pública permite que los sueldos de los funcionarios permanezcan en un velo, una situación que beneficia a una estructura de poder consolidada.
Argañaraz acertadamente señala que “falta el acceso a la información pública”. Este déficit no es casual. El “oficialismo” que conduce los destinos de la Cámara desde 1983 ha sido históricamente reticente a implementar normativas que democratizarían el control ciudadano sobre el gasto público y los privilegios de la élite política. Este statu quo es una clara manifestación de cómo se ejerce el poder en Tucumán, priorizando el hermetismo sobre la rendición de cuentas.
La discusión se amplía al ámbito nacional, donde la dieta de los senadores, cercana a los $12 millones, es calificada de “excesiva” incluso por el propio Argañaraz. Mientras se esgrimen argumentos sobre “gastos asociados”, la ciudadanía exige una justificación clara y transparente de cada peso del erario público, especialmente en un país con urgencias sociales crecientes.
La demanda de “compromiso y responsabilidad” a los representantes políticos, como menciona el concejal, debe ir acompañada de una arquitectura institucional que lo garantice. No basta con la buena voluntad; se necesita una ley de acceso a la información que empodere a los ciudadanos para fiscalizar, en tiempo y forma, cómo se administran los recursos y cuáles son los verdaderos costos de la política en Tucumán.
Desde tucumanarde.com, insistimos: la transparencia no es una concesión, sino un derecho fundamental. Descorrer el velo de los salarios políticos y el manejo de los fondos públicos es un paso ineludible para construir una democracia más justa y equitativa en Tucumán, donde el poder no sea un coto cerrado sino un servicio al pueblo.