La investigación por el brutal femicidio de Érika Álvarez, un caso que sacudió la conciencia social en Tucumán, se extiende. La Justicia ha resuelto prorrogar la prisión preventiva de Felipe “El Militar” Sosa, principal acusado, dilatando los plazos de una causa que reclama celeridad y respuestas contundentes.
Esta decisión judicial, adoptada por un juez de feria, legitima la lentitud procesal del Ministerio Público Fiscal. Argumentan la necesidad de sumar “medidas de prueba relevantes”, dejando en suspenso el urgente pedido de justicia de la sociedad y, especialmente, de las mujeres tucumanas.
La prórroga, amparada en el Código Procesal Penal de Tucumán, permite al fiscal ganar tiempo. Sin embargo, para las víctimas de la violencia de género y sus familias, cada extensión de plazo es un eco más de la impunidad y una prueba de la desidia institucional.
¿Hasta cuándo se extenderá esta espera por justicia en Tucumán? La Justicia, que debería ser un faro de protección, parece ceder ante la burocracia, exponiendo las deficiencias estructurales de un sistema que a menudo revictimiza con la dilación.
Mientras tanto, Felipe Sosa permanece detenido. Su situación procesal no cambia, pero la sensación de que la justicia se estira indefinidamente golpea la moral de quienes luchan incansablemente contra la violencia machista.
No hay fecha definida para el juicio oral. La posibilidad de que el caso de Érika Álvarez llegue a esta instancia antes de fin de año se desvanece con cada nueva prórroga, atando la esperanza a “pericias pendientes” cuya conclusión parece eludir cualquier cronograma preestablecido.
Las evidencias que comprometen a Sosa son contundentes: Érika Álvarez estuvo en su domicilio, testimonios lo vinculan a intentos de eliminar pruebas y el ADN del acusado fue hallado en el cuerpo de la víctima. Estos elementos, lejos de acelerar el proceso, parecen convivir con una exasperante pasividad judicial.
Desde tucumanarde.com, insistimos: la Justicia en Tucumán debe responder con firmeza. El femicidio de Érika Álvarez no puede ser una estadística más ni un expediente olvidado en los laberintos de un poder judicial que, a menudo, parece priorizar sus propios tiempos por encima del clamor de un pueblo que exige un basta a la violencia patriarcal.