El legislador Alfredo Toscano, de Compromiso Tucumán, denunció públicamente un “apriete” por parte de la empresa Citrusvil, perteneciente al influyente Grupo Lucci. A través de un posteo en Facebook, el parlamentario visibilizó la supuesta presión sobre sus colegas para desafectar una calle pública en El Manantial. Alfredo Toscano es un referente en la política local. Su denuncia estalló durante la última sesión, en un debate crucial para el futuro urbanístico tucumano. La relevancia es mayúscula: un grupo económico de peso como Lucci envuelto en una acusación de presión por tierras públicas. La descripción de Toscano fue lapidaria. “O me das esto o te corro toda esta gente”, citó el legislador sobre la supuesta estrategia empresarial. “Es casi como que nos está obligando: Vuelvo a decir, en mi barrio se diría que nos está apretando a partir de una necesidad”, sentenció. La norma, aprobada por el oficialismo, borra la única vía de escape en dos kilómetros y medio de urbanizaciones. Toscano votó a favor por un “fin social” pactado, pero dejó en claro su incomodidad: la empresa ya usaba tierras públicas sin aval legal. A cambio, Lucci prometió regularizar la situación de familias en otra propiedad. La aprobación bajo estas condiciones sienta un precedente alarmante. Exhibe cómo los intereses corporativos pueden moldear decisiones legislativas clave. La ciudadanía tucumana reclama explicaciones sobre la opacidad en la administración de sus bienes públicos.