La investigación del Caso Érika Álvarez dio un giro brutal. Justina Gordillo, empleada judicial, eliminó casi 16.000 registros de WhatsApp, dinamitando su coartada de encubrimiento.
La purga masiva de información contradice su versión y profundiza su conexión con Felipe “El Militar” Sosa, principal acusado del femicidio.
Entre el 9 de enero y el 1 de febrero de 2026, Gordillo borró 16.000 chats, donde se recuperaron pruebas de su conocimiento sobre la venta de drogas de Sosa y el uso de Skokka para encuentros. Además, monitoreaba a Érika Álvarez en Instagram, sabía del vínculo íntimo con Sosa y realizó una transferencia de $16.5 millones antes de la captura del principal sospechoso.
Este cúmulo de pruebas tecnológicas será determinante para definir si su encubrimiento fue forzado por violencia o una participación activa en la trama criminal.