La Corte Suprema de Justicia de la Nación incluyó la condena histórica contra el Estado de Tucumán y el destituido exjuez Juan Francisco Pisa en su "Compendio de Jurisprudencia sobre Femicidios 2026". El documento institucional expone cómo la desidia judicial y la desprotección estatal terminaron facilitando el femicidio de la joven docente Paola Tacacho.
El caso de Paola, asesinada en octubre de 2020 por su acosador sistemático Mauricio Parada Parejas, se convirtió en un símbolo de la impunidad judicial de la provincia. La incorporación de esta sentencia en el compendio nacional confirma lo que las organizaciones de mujeres y la familia de la víctima denunciaron desde el primer día: el Estado es responsable.
Durante casi cinco años, Paola realizó más de una docena de denuncias penales ante una justicia tucumana sorda e indiferente. El punto más crítico de la complicidad estatal se dio cuando el entonces juez de Instrucción, Juan Francisco Pisa, decidió sobreseer al acosador en una de las causas, argumentando formalismos técnicos y desoyendo las alertas de peligro de muerte. Pisa, símbolo del privilegio judicial, fue destituido recién en 2021 ante la presión social.
El fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán, destacado ahora a nivel nacional, determinó que la actuación judicial configuró una flagrante "falta de servicio". Los camaristas subrayaron que el femicidio no fue un hecho aislado, sino el desenlace previsible de una escalada de violencia que el aparato estatal decidió ignorar. Además del peso político, la condena impone una reparación económica solidaria de 36,4 millones de pesos a favor de la madre de Paola, Mariela Tacacho.
La selección de este precedente por parte de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema busca disciplinar a las judicaturas provinciales, habituadas a archivar causas sin perspectiva de género ni de clase. El compendio ratifica que, ante la falta de testigos directos en crímenes machistas que ocurren en la intimidad o bajo amedrentamiento, la justicia debe valerse de la prueba indiciaria y los antecedentes de acoso para actuar con la debida diligencia reforzada.
La lucha de Mariela Tacacho y el movimiento feminista tucumano logró perforar la coraza de impunidad del poder político y judicial local. Sin embargo, la transformación de fondo de un sistema judicial que desprotege sistemáticamente a las trabajadoras y disidencias sigue siendo una deuda de primer orden en Tucumán.