Negocio inmobiliario y ajuste: El desalojo del Complejo Nicolás Avellaneda expone el avance privatizador en Tucumán

El histórico Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda, ubicado en la calle Suipacha al 100, amaneció clausurado por cadenas y fajas de clausura. La orden, emanada desde los tribunales federales de Buenos Aires, interrumpió abruptamente las actividades de cientos de jóvenes, niños y trabajadores que encontraban en este predio ferroviario un espacio vital de contención social y desarrollo deportivo.

La medida judicial se enmarca en la causa iniciada por Belgrano Cargas y Logística S.A. contra la firma privada Cedena SRL, que regenteaba el lugar. Bajo el amparo de la cuestionada Ley de Lanzamiento 17.091 —un resabio de la legislación autoritaria nacional—, la Justicia centralista porteña priorizó la regularización de la propiedad fiscal para su futura liquidación por sobre el derecho al acceso al deporte de la comunidad tucumana.

El trasfondo de este conflicto no es un mero desorden de papeles, sino el resultado directo de la reactivación de la agenda privatizadora. Con la reciente sanción de la Ley Bases y el DNU 70/2023, la administración nacional aceleró el proceso de desmantelamiento de los bienes ferroviarios para ponerlos a disposición del mercado, allanando el camino para futuros negocios inmobiliarios en zonas de alta valorización urbana.

Ante esta avanzada, la respuesta de las autoridades provinciales evidencia una alarmante inacción. El secretario de Deportes de Tucumán, Diego Erroz, optó por desvincular al Estado local argumentando trabas burocráticas y constitucionales. Esta postura deja al descubierto la falta de voluntad política para defender un espacio comunitario, dejando vía libre al ajuste nacional bajo la excusa de la incompetencia jurisdiccional.

Los principales perjudicados son, como siempre, los trabajadores autogestionados y los usuarios del complejo. Profesores de disciplinas como Aikido y calistenia fueron notificados con escasas horas de anticipación, perdiendo sus fuentes de ingresos y sus herramientas de trabajo de forma intempestiva y sin ningún tipo de indemnización o reubicación garantizada por el Estado.

El silencio que hoy reina en el Complejo Nicolás Avellaneda es la radiografía del modelo de exclusión actual: la especulación y las directivas del poder central sepultan la vida social y cultural de los barrios tucumanos.

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